Marcela Castro Castillo es Llicenciada en Humanidades con mencion en Historia Universidad de Chile, doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales Universidad Complutense de Madrid. Columnista de Democracia Activa y nos cuenta su interesante artículo.
Créditos Imagen: http://bit.ly/16MGOaj
¿Qué tan serio es el problema en el Registro Civil e Identificación? De la máxima gravedad. El nuevo sistema definitivamente no funciona, y tras ese problema hay dos empresas privadas -Sonda y Morpho- que han protagonizado un lío judicial tremendo por ser las dueñas de nuestros datos.
Para muchos es desconocido que una de las causas del paro en el Registro Civil e Identificación era el problema generado con el cambio de sistema informático para confeccionar los nuevos carnés y pasaportes. Los medios de comunicación se centraron en las personas afectadas por el paro y en las críticas superficiales sobre el asunto, y no en lo que decían los funcionarios.
Ahora, tras la caída del director del Registro Civil, Rodrigo Durán López, se probó que lo denunciado por los funcionarios no eran excusas. El nuevo sistema no está funcionando, y tras ese problema hay 2 empresas privadas responsables: Sonda S.A. y Morpho S.A. (ex Sagem Sécurité).
Cada vez que hay un cambio en el sistema informático de alguna oficina o servicio gubernamental, o se tiene que hacer algo relacionado con lo informático, aparece Sonda. Y no para bien.
La gente que trabaja en Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) sabe de eso, porque este año, desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se obligó a implantar la huella electrónica para los libros de clases, en una licitación “pública” que se adjudicó la empresa Acepta.com, cuyo 51% de su propiedad está en manos de Sonda.
Este asunto estuvo mal desde el comienzo. El libro electrónico se impuso como una obligación, tanto para OTECs, como para los centros de capacitación de las Universidades pero también para personas naturales inscritas en Sence como relatores, con un mensaje implícito: quien no cumple queda fuera del sistema.
Y si bien la idea de hacer más eficiente y más transparente el sistema suena bien, no cuadra con lo que pasó: la licitación se adjudicó en marzo, a fines de abril se informó a las OTECs que debían comenzar a usarlo desde el 1 de junio, y en mayo se dieron unas charlas informativas sobre cómo usar el sistema.
El nuevo sistema de libro electrónico falló en su modo de prueba, y no una vez, falló en todo momento, lo que hizo que sonara a burla que no habría marcha blanca, considerando que se dio días para que el organismo capacitador o la persona natural adquiriese el lector de huella dactilar, dispusiera de un computador para el uso casi exclusivo para este asunto, instalara el software (que no estaba disponible), aprendiera a usarlo y se enseñara a usarlo a los relatores
En agosto, cuando el sistema ya se hizo obligatorio, la cosa fue peor: el sistema no reconoce al profesor de los cursos y los libros electrónicos que permiten pasar la lista de participantes no han sido cargados al sistema.
No hay que extenderse mucho en la descripción de los errores. Al sistema se le conoce como el “Transantiago de la Capacitación”. Pero todo eso no es nada comparado con que todo apunta a que hubo fraude en la licitación. Sence lleva un par de años sin director oficial. Tiene uno subrogante, Juan Bennett Urrutia (ex colaborador de la CNI y ex director del Registro Civil cuando realizó actos ilegales vinculados al caso de Orlando Letelier, según el sitio de DDHH, memoriaviva.com, y también uno de los fundadores de Dicom).
Bajo su gestión se adjudicó la licitación a Acepta.com. Las OTECs la califican como una “licitación fraudulenta”, ya que Bennett tiene una participación de casi 1 % en Sonda, ligada a Acepta, lo que implica una violación de la ley N° 18.575 y la ley N°19.886. Por eso, Felipe Harboe (PPD) y Ricardo Rincón (DC) denunciaron ante la Contraloría este asunto.
Al otro lado, está Morpho. Si bien es considerada una empresa líder en biometría de huellas digitales, tecnologías, tarjetas inteligentes de identidad como licencias de conducir y pasaportes electrónicos, su currículum incluye un historial de corrupción bastante interesante. En Nigeria, año 2003, 3 miembros del gabinete (Sunday Afolabi, Mahammed Shatta y Hussain Akwanga) fueron acusados de aceptar sobornos por más de 2 millones de dólares, para ganar el contrato para realizar carné y pasaportes, un negocio de más de 214 millones de dólares. En Colombia, ese mismo año, se le acuso de estar ligada a una red de tráfico de influencias. En 2007, el Tribunal Electoral de Panamá descalificó a Sagem por acreditar falsamente información sobre su experiencia. En 2009 fue denunciada en Guatemala por las anomalías en la adjudicación de la licitación para carnets y pasaportes, el caso de Easy Marketing. En 2013, Morpho está involucrada en el escándalo de corrupción de las credenciales de elector del Instituto Federal Electoral (IFE).
¿Qué tiene todo esto que ver con el Registro Civil? Que ambas empresas se están peleando por ser dueñas de nuestros datos en el marco de una licitación viciada y plagada de empresas corruptas.
El complejo problema del Registro Civil comenzó hace más de 3 años. Sonda tenía el contrato de producción de carnés y pasaportes desde el 2002. Millones de dólares en ganancias. Cuando comenzó a discutirse la nueva licitación, en 2007, Sonda comenzó su ofensiva con miras a ganar la licitación por 10 años más. Sólo que cuando se habla de US$ 400 millones (200 mil millones de pesos), las cosas se ponen turbias, y así ocurrió. Entre 2007 y 2008 se intentó dos veces concretar la adjudicación, y no se consiguió porque los que perdían impugnaban ante Contraloría. Y como sus quejas sí estaban justificadas, la licitación tenía que volver a realizarse.
El proceso que nos importa es el del 2008, cuando se adjudicó la licitación Indra Sistemas Chile, filial de la empresa española Indra, quienes en principio, presentaron la oferta más completa en términos técnicos y económicos para el servicio.
Los perdedores impugnaron la adjudicación, generando un lío en el cual Indra contrató a personas ligadas directamente con el buffet de abogados “Espina, Hinzpeter & Zepeda” (Alberto Espina, Rodrigo Hinzpeter y Carlos Zepeda) y acabó con el Tribunal de Compras Públicas (TCP) declarando sin efecto la adjudicación y ordenando reevaluar a los competidores.
Así quedaron Sice Agencia Chile S.A., Sonda S.A., Bundesdruckerei GMBH y Morpho como licitantes. Y aquí ocurrió lo extraño: ganó Morpho, mientras que la oferta de Sonda fue rechazada (es decir, ni siquiera fue considerada a estudio) por no cumplir, según el Registro Civil, con una exigencia básica: experiencia necesaria para el trabajo que se requería.
Para que quede claro: Sonda ya estaba realizando por casi 10 años el servicio que se estaba licitando. Así que ¿por qué la oferta fue rechazada por falta de experiencia? Eso es lo que a los altos cargos de Sonda no les pareció lógico, considerando sobre todo que ya era director del Registro Civil Rodrigo Durán López, ex empleado de Multicaja, empresa de la cual Sonda es socia. Durán además trabajó en el software del Transantiago, ya que Sonda se encargó del soporte tecnológico de ese servicio. Tal vez Durán temió ser acusado de favorecer a su ex empleadora, o tal vez recibió una mejor oferta de Morpho.
Sonda demandó ante el Tribunal de Compras Públicas y ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por su exclusión y solicitó a Contraloría la nulidad de la adjudicación. Esta empresa lleva demandando a sus rivales desde el comienzo, y lo hará hasta ganar la licitación.
Según datos oficiales del Registro Civil, sólo en 2012 Sonda produjo 3.073.000 carnés y 271.000 pasaportes. ¿Cuánto cobró? Según esos mismos datos, por cada carne cobró $2.246 y por cada pasaporte $21.540, más IVA y reajuste IPC (precio a público $3.600 por cédula de identidad, $48.900 por un pasaporte de 32 páginas y el de 64 páginas $ 60.720). Sólo por cada pasaporte de 32 páginas, Sonda ganó $25.632 (más o menos), es decir $6.946.272.000.
Morpho va a subir el precio del pasaporte a $55.000, más IVA y reajuste IPC, ganando $248 mil millones, y por eso la rabia que debieron sentir en Sonda cuando el Tribunal de Contratación Pública rechazó en todas sus partes la impugnación a Morpho y declaró que el sistema tenía que entrar en funciones el 2 de septiembre de 2013.
Esto contradecía lo dictado por la Corte Suprema que no dio curso a un recurso de Morpho que pretendía invalidar un fallo de la Corte de Apelaciones. Este último fue dictado a fines de noviembre de 2012, y dio el favor a Sonda, acusando a Morpho de una adjudicación irregular porque la boleta de garantía no cumplía con la exigencia de las bases de licitación de ser un documento a la vista.
En resumen, un lío judicial tremendo que no ha terminado. Eso es lo peor del caso, porque lo que se ha producido es un conflicto entre el Tribunal de Contratación Pública y la Corte Suprema, que no se ha resuelto definitivamente. ¿Por qué entonces el apuro por aplicar el nuevo sistema.
En realidad, el sistema tendría que haber entrado en operación en abril de 2014, pero el Gobierno, unilateralmente, lo adelantó al 2 de septiembre, una fecha que ahora es anécdota porque no ocurrió. Pero no por el paro: resulta que Sonda no le entregó la base de datos a Morpho en la fecha correspondiente.
La plataforma de la empresa Sonda debía retirarse del servicio a partir del viernes 30 de agosto, y entregó la base de datos el 1 de septiembre. Sin embargo, el detalle no es que Sonda no esté jugando limpio, sino que aún cuando lo hubiera hecho, el sistema tampoco funciona y ni Morpho ni Entel (que está participando en este proceso) cumplieron con el cronograma de habilitaciones. Por eso, sin importar si se atiende a 100 personas o a ninguna, el sistema colapsa.
Gran parte de los medios de comunicación, ocupados en dar toda la tribuna a los usuarios y sus quejas, no tomaron en cuenta esos datos ni escucharon lo que la presidenta de los funcionarios del Registro Civil Nelly Díaz y varios empleados en regiones dijeron: con paro o sin él, la gente no habría podido hacer los trámites, porque el sistema no estaba implementado ya que había problemas con la base de datos. Pero no es la primera vez que oímos de fallas en la base de datos relacionadas al Registro Civil, ¿verdad? En la elección municipal de 2012 hubo un error “absolutamente informático” como se calificó al hecho que el Presidente Salvador Allende, junto con muchos muertos, aparecieran en el padrón electoral e incluso como vocales de mesas
Era obvio lo que iba a pasar una vez que terminase el paro: que varios de los que realizaron su trámite después del 1 de septiembre perdieron su tiempo, porque los datos no corresponden, lo que los obligaría a sacar sus documentos otra vez. Sólo que la atención se ha centrado en aquellos que fueron a renovar carne y pasaporte en el periodo del paro, 400 personas. No es cierto. Funcionarios del Servicio están denunciando que cuando personas van a renovar sus documentos, el sistema arroja antecedentes de otras personas.
Ahora, imagínese trabajar en un Servicio y estar desde hace 10 años siendo el objeto de codicia de empresas privadas, pero cada vez que les toca negociar sus sueldos les ponen problemas porque no hay dinero para eso. Imagínese ahora que sabe que va a trabajar en carnés y pasaportes cuyo valor no irá al Servicio, sino a una empresa privada que no está cumpliendo, cuando le están diciendo que no hay dinero, que el Servicio tiene déficit (¿por qué, si tiene déficit presupuestario, entonces no se recauda dinero de los carnés y pasaportes que va a hacer Morpho o no se hizo antes con los de Sonda?). Imagínese estar trabajando en un Servicio que ha tenido una rotación de directores, uno peor que el anterior, saliendo de sus cargos por escándalos y denuncias, por lo que cualquier negociación queda paralizada. Y que sabe que en el fondo no es un funcionario público, sino que trabaja en una empresa virtualmente privatizada. ¿Por qué criminalizarlos por irse a paro?
Lo que está pasando en el Registro Civil debería hacernos tomar el peso de la situación: todos nuestros datos, todos, están en manos de unas empresas privadas incapaces de cumplir con lo contratado. Empresas más preocupadas por cuántas ganancias obtendrán, no por los usuarios o cómo los afecta. Millones de pesos regalados a empresas privadas mediocres y corruptas, que usarán nuestros datos para otros fines, porque es algo que ya han hecho.
FUENTE: blog.lanacion.cl/2013/10/22/registro-civil-en-manos-de-quien-estan-nuestros-datos/
canesdebar
Créditos Imagen: http://bit.ly/16MGOaj
¿Qué tan serio es el problema en el Registro Civil e Identificación? De la máxima gravedad. El nuevo sistema definitivamente no funciona, y tras ese problema hay dos empresas privadas -Sonda y Morpho- que han protagonizado un lío judicial tremendo por ser las dueñas de nuestros datos.
Para muchos es desconocido que una de las causas del paro en el Registro Civil e Identificación era el problema generado con el cambio de sistema informático para confeccionar los nuevos carnés y pasaportes. Los medios de comunicación se centraron en las personas afectadas por el paro y en las críticas superficiales sobre el asunto, y no en lo que decían los funcionarios.
Ahora, tras la caída del director del Registro Civil, Rodrigo Durán López, se probó que lo denunciado por los funcionarios no eran excusas. El nuevo sistema no está funcionando, y tras ese problema hay 2 empresas privadas responsables: Sonda S.A. y Morpho S.A. (ex Sagem Sécurité).
Cada vez que hay un cambio en el sistema informático de alguna oficina o servicio gubernamental, o se tiene que hacer algo relacionado con lo informático, aparece Sonda. Y no para bien.
La gente que trabaja en Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) sabe de eso, porque este año, desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se obligó a implantar la huella electrónica para los libros de clases, en una licitación “pública” que se adjudicó la empresa Acepta.com, cuyo 51% de su propiedad está en manos de Sonda.
Este asunto estuvo mal desde el comienzo. El libro electrónico se impuso como una obligación, tanto para OTECs, como para los centros de capacitación de las Universidades pero también para personas naturales inscritas en Sence como relatores, con un mensaje implícito: quien no cumple queda fuera del sistema.
Y si bien la idea de hacer más eficiente y más transparente el sistema suena bien, no cuadra con lo que pasó: la licitación se adjudicó en marzo, a fines de abril se informó a las OTECs que debían comenzar a usarlo desde el 1 de junio, y en mayo se dieron unas charlas informativas sobre cómo usar el sistema.
El nuevo sistema de libro electrónico falló en su modo de prueba, y no una vez, falló en todo momento, lo que hizo que sonara a burla que no habría marcha blanca, considerando que se dio días para que el organismo capacitador o la persona natural adquiriese el lector de huella dactilar, dispusiera de un computador para el uso casi exclusivo para este asunto, instalara el software (que no estaba disponible), aprendiera a usarlo y se enseñara a usarlo a los relatores
En agosto, cuando el sistema ya se hizo obligatorio, la cosa fue peor: el sistema no reconoce al profesor de los cursos y los libros electrónicos que permiten pasar la lista de participantes no han sido cargados al sistema.
No hay que extenderse mucho en la descripción de los errores. Al sistema se le conoce como el “Transantiago de la Capacitación”. Pero todo eso no es nada comparado con que todo apunta a que hubo fraude en la licitación. Sence lleva un par de años sin director oficial. Tiene uno subrogante, Juan Bennett Urrutia (ex colaborador de la CNI y ex director del Registro Civil cuando realizó actos ilegales vinculados al caso de Orlando Letelier, según el sitio de DDHH, memoriaviva.com, y también uno de los fundadores de Dicom).
Bajo su gestión se adjudicó la licitación a Acepta.com. Las OTECs la califican como una “licitación fraudulenta”, ya que Bennett tiene una participación de casi 1 % en Sonda, ligada a Acepta, lo que implica una violación de la ley N° 18.575 y la ley N°19.886. Por eso, Felipe Harboe (PPD) y Ricardo Rincón (DC) denunciaron ante la Contraloría este asunto.
Al otro lado, está Morpho. Si bien es considerada una empresa líder en biometría de huellas digitales, tecnologías, tarjetas inteligentes de identidad como licencias de conducir y pasaportes electrónicos, su currículum incluye un historial de corrupción bastante interesante. En Nigeria, año 2003, 3 miembros del gabinete (Sunday Afolabi, Mahammed Shatta y Hussain Akwanga) fueron acusados de aceptar sobornos por más de 2 millones de dólares, para ganar el contrato para realizar carné y pasaportes, un negocio de más de 214 millones de dólares. En Colombia, ese mismo año, se le acuso de estar ligada a una red de tráfico de influencias. En 2007, el Tribunal Electoral de Panamá descalificó a Sagem por acreditar falsamente información sobre su experiencia. En 2009 fue denunciada en Guatemala por las anomalías en la adjudicación de la licitación para carnets y pasaportes, el caso de Easy Marketing. En 2013, Morpho está involucrada en el escándalo de corrupción de las credenciales de elector del Instituto Federal Electoral (IFE).
¿Qué tiene todo esto que ver con el Registro Civil? Que ambas empresas se están peleando por ser dueñas de nuestros datos en el marco de una licitación viciada y plagada de empresas corruptas.
El complejo problema del Registro Civil comenzó hace más de 3 años. Sonda tenía el contrato de producción de carnés y pasaportes desde el 2002. Millones de dólares en ganancias. Cuando comenzó a discutirse la nueva licitación, en 2007, Sonda comenzó su ofensiva con miras a ganar la licitación por 10 años más. Sólo que cuando se habla de US$ 400 millones (200 mil millones de pesos), las cosas se ponen turbias, y así ocurrió. Entre 2007 y 2008 se intentó dos veces concretar la adjudicación, y no se consiguió porque los que perdían impugnaban ante Contraloría. Y como sus quejas sí estaban justificadas, la licitación tenía que volver a realizarse.
El proceso que nos importa es el del 2008, cuando se adjudicó la licitación Indra Sistemas Chile, filial de la empresa española Indra, quienes en principio, presentaron la oferta más completa en términos técnicos y económicos para el servicio.
Los perdedores impugnaron la adjudicación, generando un lío en el cual Indra contrató a personas ligadas directamente con el buffet de abogados “Espina, Hinzpeter & Zepeda” (Alberto Espina, Rodrigo Hinzpeter y Carlos Zepeda) y acabó con el Tribunal de Compras Públicas (TCP) declarando sin efecto la adjudicación y ordenando reevaluar a los competidores.
Así quedaron Sice Agencia Chile S.A., Sonda S.A., Bundesdruckerei GMBH y Morpho como licitantes. Y aquí ocurrió lo extraño: ganó Morpho, mientras que la oferta de Sonda fue rechazada (es decir, ni siquiera fue considerada a estudio) por no cumplir, según el Registro Civil, con una exigencia básica: experiencia necesaria para el trabajo que se requería.
Para que quede claro: Sonda ya estaba realizando por casi 10 años el servicio que se estaba licitando. Así que ¿por qué la oferta fue rechazada por falta de experiencia? Eso es lo que a los altos cargos de Sonda no les pareció lógico, considerando sobre todo que ya era director del Registro Civil Rodrigo Durán López, ex empleado de Multicaja, empresa de la cual Sonda es socia. Durán además trabajó en el software del Transantiago, ya que Sonda se encargó del soporte tecnológico de ese servicio. Tal vez Durán temió ser acusado de favorecer a su ex empleadora, o tal vez recibió una mejor oferta de Morpho.
Sonda demandó ante el Tribunal de Compras Públicas y ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por su exclusión y solicitó a Contraloría la nulidad de la adjudicación. Esta empresa lleva demandando a sus rivales desde el comienzo, y lo hará hasta ganar la licitación.
Según datos oficiales del Registro Civil, sólo en 2012 Sonda produjo 3.073.000 carnés y 271.000 pasaportes. ¿Cuánto cobró? Según esos mismos datos, por cada carne cobró $2.246 y por cada pasaporte $21.540, más IVA y reajuste IPC (precio a público $3.600 por cédula de identidad, $48.900 por un pasaporte de 32 páginas y el de 64 páginas $ 60.720). Sólo por cada pasaporte de 32 páginas, Sonda ganó $25.632 (más o menos), es decir $6.946.272.000.
Morpho va a subir el precio del pasaporte a $55.000, más IVA y reajuste IPC, ganando $248 mil millones, y por eso la rabia que debieron sentir en Sonda cuando el Tribunal de Contratación Pública rechazó en todas sus partes la impugnación a Morpho y declaró que el sistema tenía que entrar en funciones el 2 de septiembre de 2013.
Esto contradecía lo dictado por la Corte Suprema que no dio curso a un recurso de Morpho que pretendía invalidar un fallo de la Corte de Apelaciones. Este último fue dictado a fines de noviembre de 2012, y dio el favor a Sonda, acusando a Morpho de una adjudicación irregular porque la boleta de garantía no cumplía con la exigencia de las bases de licitación de ser un documento a la vista.
En resumen, un lío judicial tremendo que no ha terminado. Eso es lo peor del caso, porque lo que se ha producido es un conflicto entre el Tribunal de Contratación Pública y la Corte Suprema, que no se ha resuelto definitivamente. ¿Por qué entonces el apuro por aplicar el nuevo sistema.
En realidad, el sistema tendría que haber entrado en operación en abril de 2014, pero el Gobierno, unilateralmente, lo adelantó al 2 de septiembre, una fecha que ahora es anécdota porque no ocurrió. Pero no por el paro: resulta que Sonda no le entregó la base de datos a Morpho en la fecha correspondiente.
La plataforma de la empresa Sonda debía retirarse del servicio a partir del viernes 30 de agosto, y entregó la base de datos el 1 de septiembre. Sin embargo, el detalle no es que Sonda no esté jugando limpio, sino que aún cuando lo hubiera hecho, el sistema tampoco funciona y ni Morpho ni Entel (que está participando en este proceso) cumplieron con el cronograma de habilitaciones. Por eso, sin importar si se atiende a 100 personas o a ninguna, el sistema colapsa.
Gran parte de los medios de comunicación, ocupados en dar toda la tribuna a los usuarios y sus quejas, no tomaron en cuenta esos datos ni escucharon lo que la presidenta de los funcionarios del Registro Civil Nelly Díaz y varios empleados en regiones dijeron: con paro o sin él, la gente no habría podido hacer los trámites, porque el sistema no estaba implementado ya que había problemas con la base de datos. Pero no es la primera vez que oímos de fallas en la base de datos relacionadas al Registro Civil, ¿verdad? En la elección municipal de 2012 hubo un error “absolutamente informático” como se calificó al hecho que el Presidente Salvador Allende, junto con muchos muertos, aparecieran en el padrón electoral e incluso como vocales de mesas
Era obvio lo que iba a pasar una vez que terminase el paro: que varios de los que realizaron su trámite después del 1 de septiembre perdieron su tiempo, porque los datos no corresponden, lo que los obligaría a sacar sus documentos otra vez. Sólo que la atención se ha centrado en aquellos que fueron a renovar carne y pasaporte en el periodo del paro, 400 personas. No es cierto. Funcionarios del Servicio están denunciando que cuando personas van a renovar sus documentos, el sistema arroja antecedentes de otras personas.
Ahora, imagínese trabajar en un Servicio y estar desde hace 10 años siendo el objeto de codicia de empresas privadas, pero cada vez que les toca negociar sus sueldos les ponen problemas porque no hay dinero para eso. Imagínese ahora que sabe que va a trabajar en carnés y pasaportes cuyo valor no irá al Servicio, sino a una empresa privada que no está cumpliendo, cuando le están diciendo que no hay dinero, que el Servicio tiene déficit (¿por qué, si tiene déficit presupuestario, entonces no se recauda dinero de los carnés y pasaportes que va a hacer Morpho o no se hizo antes con los de Sonda?). Imagínese estar trabajando en un Servicio que ha tenido una rotación de directores, uno peor que el anterior, saliendo de sus cargos por escándalos y denuncias, por lo que cualquier negociación queda paralizada. Y que sabe que en el fondo no es un funcionario público, sino que trabaja en una empresa virtualmente privatizada. ¿Por qué criminalizarlos por irse a paro?
Lo que está pasando en el Registro Civil debería hacernos tomar el peso de la situación: todos nuestros datos, todos, están en manos de unas empresas privadas incapaces de cumplir con lo contratado. Empresas más preocupadas por cuántas ganancias obtendrán, no por los usuarios o cómo los afecta. Millones de pesos regalados a empresas privadas mediocres y corruptas, que usarán nuestros datos para otros fines, porque es algo que ya han hecho.
FUENTE: blog.lanacion.cl/2013/10/22/registro-civil-en-manos-de-quien-estan-nuestros-datos/
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